17 de mayo de 2010 Comunicado de Prensa

Jueces despedidos en Honduras se declaran en huelga de hambre

 

Washington D.C. 17 de mayo de 2010

Los jueces Luis Antonio Chévez de la Rocha y Guillermo López Lone, miembros de la Asociación de Jueces para la Democracia de Honduras, se declararon hoy en huelga de hambre, en Tegucigalpa para protestar por el despido arbitrario e ilegal que sufrieron el pasado 5 de mayo y reclamar actuaciones concretas contra la impunidad.

CEJIL solicita a la comunidad internacional requerir al Estado de Honduras la rectificación de sus actuaciones con el fin de garantizar la vida e integridad de los operadores de justicia arbitrariamente despedidos.

Los huelguistas reclaman acciones concretas del Estado de Honduras que demuestren la voluntad real de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las miles de violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto del golpe de Estado.

En efecto, desde que ocurrió el golpe de Estado en Honduras ninguna persona ha sido condenada por las violaciones de derechos humanos constatadas tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). En contraposición, aproximadamente 120 manifestantes que se opusieron al golpe de Estado han sido procesados por delitos políticos como sedición, terrorismo, robo agravado, entre otros.

Como se ha mencionado reiteradamente, la impunidad se consolida día tras día en Honduras. El gobernante de facto Roberto Micheletti fue declarado diputado vitalicio por parte del Congreso Nacional de Honduras, así se le garantiza protección e inmunidad de por vida. Por su parte, el Presidente Porfirio Lobo nombró al General Romeo Vásquez Velásquez, Jefe de las Fuerzas Armadas cuando ocurrió el Golpe de Estado como Gerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (HONDUTEL).

Los jueces en huelga también reclaman por el despido que realizó la Corte Suprema de Justicia de Honduras en su contra, así como en perjuicio de la Magistrada Tirza Flores Lanza, del juez Ramón Barrios y del defensor público Osman Fajardo. Estos despidos se originan como una represalia por haber criticado el Golpe de Estado del pasado 28 de junio y la posición que mantuvo la Corte al respecto.

“Estos despidos demuestran que en Honduras no existe libertad de expresión ni independencia dentro del Poder Judicial y evidencian que hay una clara manipulación y perversión de medidas importantes que generalmente son usadas para la transparencia, rendición de cuentas y profesionalización de funcionarios, como lo es la fiscalización disciplinaria del trabajo judicial. Desafortunadamente estas medidas se han usado en Honduras como intimidaciones y persecuciones políticas respecto de las personas que se han opuesto al Golpe de Estado, principalmente algunos funcionarios estatales”, dijo Alejandra Nuño, directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México.

CEJIL hace un llamado vehemente a las autoridades del Estado de Honduras para que demuestren con acciones concretas su compromiso de combate a la impunidad, asimismo se proceda en forma inmediata al reintegro de los operadores de justicia arbitrariamente despedidos.

 

Contacto de prensa: Mauricio Herrera

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